Medidas para fortalecer la recaudación fiscal sin perjudicar a los pobres en Pakistán

Pakistán se ve sometido a una presión dual: mantiene niveles reducidos de recaudación tributaria en relación con su producto interno bruto, depende con frecuencia de financiamiento externo y una parte considerable de su población vive cerca o por debajo de la línea de pobreza. Esta combinación exige definir acciones capaces de elevar los ingresos fiscales sin trasladar el peso a los hogares más vulnerables ni debilitar la demanda interna. Cualquier enfoque requiere articular reformas impositivas, modernización administrativa y un refuerzo paralelo de las redes de protección social.

Pautas esenciales para concebir reformas armónicas

Progresividad: concentrar el esfuerzo en quienes tienen mayor capacidad de pago.
Focalización: sustituir subsidios universales por apoyos dirigidos a los pobres.
Eficiencia administrativa: reducir la evasión y la elusión mediante digitalización y cruces de información.
Neutralidad económica: evitar impuestos que desincentiven la inversión productiva o formalización.
Transparencia y comunicación: explicar claramente quién paga qué y cómo se usan los recursos para ganar aceptación social.

Estrategias fiscales concretas

Ampliar la base tributaria: suprimir exenciones fiscales generales que favorecen a grupos con mayor poder adquisitivo y reevaluar regímenes especiales que disminuyen la recaudación. Por ejemplo, podrían reconsiderarse beneficios históricos otorgados a sectores extractivos o industriales, sustituyéndolos por incentivos temporales condicionados a generación de empleo o inversión.
Reformar el impuesto sobre el valor agregado (IVA): conservar una tasa amplia y única, aplicando exenciones estrictamente acotadas y un listado claro de bienes esenciales con tasa cero o reducida para resguardar a los hogares más pobres. Al mismo tiempo, conviene reforzar los sistemas de devolución para exportadores y sectores vulnerables a fin de evitar distorsiones.
Mejorar progresividad del impuesto sobre la renta: incrementar los tramos altos, eliminar vacíos que facilitan convertir ingresos laborales en rentas de capital y asegurar retenciones efectivas sobre rentas elevadas y pagos a no residentes.
Implementar o fortalecer impuestos sobre el patrimonio: aplicar gravámenes al patrimonio inmobiliario o a plusvalías de inmuebles de gran valor, con criterios progresivos y umbrales altos que protejan a propietarios con ingresos limitados.
Recaudación efectiva sobre la economía digital y servicios segmentados: gravar plataformas digitales, servicios financieros móviles y actividades de la economía digital mediante parámetros claros, evitando sobrecargar a microempresas mediante esquemas simplificados.
Control aduanero y lucha contra el contrabando: modernizar puertos y pasos fronterizos integrando sistemas de escaneo, intercambio de datos y tarifas predefinidas que disminuyan pérdidas asociadas al comercio ilícito.
Revisar tarifas y subsidios a energía y combustibles: retirar subsidios universales y reemplazarlos por transferencias focalizadas; establecer tarifas progresivas en electricidad y gas con rangos de consumo residencial que protejan el uso básico indispensable.
Movilizar recursos no tributarios: optimizar la administración de empresas estatales, ajustar concesiones y privilegios, y enajenar activos no estratégicos con transparencia para generar ingresos temporales orientados a inversión social.

Medidas administrativas para aumentar cumplimiento sin aumentar carga sobre hogares pobres

Digitalización y facturación electrónica: implementar sistemas de facturación electrónica y cruce automático de declaraciones para reducir evasión y facilitar cumplimiento de pequeñas empresas.
Intercambio de información: integrar registros fiscales, bancarios, aduaneros y catastros electrónicos para detectar discrepancias y dirigir auditorías a grandes contribuyentes.
Regímenes simplificados: ofrecer módulos de tributación simplificada para micro y pequeñas empresas que formalicen su actividad, con obligaciones reducidas y acceso a beneficios como seguridad social y crédito.
Sanciones proporcionales: combinar sanciones disuasorias para evasores significativos con programas de regularización temporal que permitan incorporar a la base tributaria a quienes están informalmente fuera del sistema.

Protección de hogares vulnerables: instrumentos y mecanismos

Registro social único y focalización: impulsar la creación o actualización de un registro social que permita reconocer con precisión a los hogares pobres y vulnerables mediante criterios claros como ingresos, ubicación o estructura familiar, evitando duplicidades y filtraciones en los apoyos.
Transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas: ampliar la entrega de ayudas directas mediante pagos mensuales dirigidos a hogares con ingresos limitados, incorporando requisitos vinculados a salud y educación para fortalecer el desarrollo del capital humano.
Pagos digitales y biométricos: implementar soluciones de pago móvil junto con verificaciones biométricas que disminuyan pérdidas y aseguren que los recursos lleguen a quienes realmente corresponden, reduciendo la intervención de intermediarios.
Tarifas sociales y tramos de consumo: introducir tarifas con descuento en servicios como electricidad, agua y gas para los niveles esenciales de consumo y aplicar precios progresivos a los usuarios con consumos elevados.
Mecanismos automáticos durante choques: definir reglas fiscales capaces de activar incrementos temporales en transferencias o subsidios focalizados cuando variables críticas como la inflación de alimentos, el costo del combustible o el desempleo sobrepasen ciertos límites.
Acceso a servicios complementarios: asegurar que la ampliación de servicios esenciales —entre ellos salud, educación y saneamiento— avance junto con las transferencias, evitando que el encarecimiento de bienes básicos reduzca la capacidad de compra de los hogares.

Fases de implementación y estimaciones prudentes

Corto plazo (6–12 meses): suprimir las exenciones fiscales más obvias, robustecer los controles en las aduanas, poner en marcha campañas de regularización voluntaria y ampliar por un periodo limitado las transferencias dirigidas a los hogares con menores ingresos ante episodios de alzas de precios.
Mediano plazo (1–3 años): implementar la facturación electrónica, fortalecer el registro social único, aplicar tarifas sociales diferenciadas e introducir ajustes en los tramos del impuesto sobre la renta.
Largo plazo (3–5 años): afianzar transformaciones estructurales que impulsen una recaudación sostenible, como un impuesto al patrimonio bien estructurado, la formalización amplia de microempresas y una gestión más eficaz de las empresas estatales.

Con mejoras administrativas y reducción de exenciones ineficientes, es plausible lograr aumentos de recaudación equivalentes a una fracción importante del producto interno bruto en unos pocos años. Estos recursos deben orientarse a sostener transferencias focalizadas y a inversión en salud, educación e infraestructura que reduzcan la vulnerabilidad estructural.

Referencias y aprendizajes internacionales relevantes

Programas de transferencias condicionadas: diversas experiencias internacionales evidencian que los apoyos directos bien orientados pueden disminuir la pobreza y elevar los resultados en salud y educación, siempre que su financiamiento provenga de reformas progresivas que no comprometan la recaudación.
Digitalización tributaria: la modernización de sistemas de facturación y la integración de bases de datos ha permitido a varios estados incrementar la recaudación y contener la evasión sin necesidad de ajustar las tasas nominales.
Subsidios focalizados: reemplazar subsidios universales por ayudas dirigidas contribuye a recortar el gasto público y fortalece la equidad, siempre que se cuente con un registro social sólido y actualizado.

Pakistán puede ampliar de manera notable sus ingresos públicos sin perjudicar a los hogares más frágiles si articula reformas que vuelvan el sistema impositivo más progresivo, modernicen la gestión tributaria y reorienten los subsidios generales hacia apoyos específicos y automáticos durante periodos de crisis. El orden de implementación resulta crucial: partir de acciones administrativas de alto impacto, establecer una política fiscal que exija una mayor contribución a quienes poseen más recursos y, simultáneamente, robustecer mecanismos de protección social sustentados en registros fiables y pagos digitales. Con una comunicación clara y una supervisión estricta, se puede reforzar la sostenibilidad fiscal y disminuir la vulnerabilidad social de forma complementaria.