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El Gobierno central ha decidido no poner en marcha, de momento, el estado de alarma en Cataluña, a pesar del empeoramiento de la crisis de agua en la zona. Si bien se considera que la situación es extremadamente frágil, fuentes gubernamentales han indicado que está controlada a través de la coordinación entre las administraciones, y que no se prevé, por ahora, una acción excepcional como la declaración del estado de alarma.

Las afirmaciones se presentan en un clima de creciente inquietud por la intensa sequía que impacta a gran parte del noreste de España, especialmente en la cuenca del río Ter-Llobregat, fuente de suministro para millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona y otras regiones urbanas y agrícolas de alta relevancia. Aunque las lluvias recientes han brindado un ligero respiro, los embalses permanecen por debajo de los niveles adecuados y las restricciones continúan en sectores como la agricultura, la industria y el uso urbano.

Desde el gobierno central se reconoce la “preocupación máxima” por la evolución del fenómeno, aunque se insiste en que las herramientas legales y administrativas actuales permiten hacer frente a la situación sin recurrir a medidas excepcionales. Se ha puesto énfasis en la necesidad de actuar con prudencia y coordinación, respetando las competencias autonómicas y evitando decisiones que puedan ser interpretadas como una intromisión en la gestión territorial del recurso hídrico.

El Gobierno ha señalado que el estado de alarma, definido en las leyes como una medida extraordinaria para casos de peligro severo, debe implementarse con rigurosos criterios legales y bajo condiciones determinadas. Aunque durante la pandemia de COVID-19 se aplicó esta medida, se estima que la sequía, por muy seria que sea, aún puede tratarse con los mecanismos normales disponibles tanto a nivel autonómico como nacional.

Las autoridades catalanas han reclamado mayor agilidad en la ejecución de proyectos de interconexión hídrica, nuevas infraestructuras de desalación y ampliación de las plantas de regeneración de aguas residuales, algunas de las cuales cuentan con respaldo financiero del Estado y de fondos europeos. El gobierno central ha reiterado su disposición a colaborar y acelerar estos procesos, pero también ha recordado que la gestión directa del agua es competencia de la administración autonómica.

En paralelo, se ha puesto en marcha un grupo de trabajo técnico entre ambas administraciones, con participación de expertos del sector hídrico, que evalúa escenarios de mediano y largo plazo. Entre las medidas propuestas figuran inversiones en tecnología para el ahorro y la eficiencia, la modernización de redes de distribución, y campañas de concienciación ciudadana sobre el uso responsable del agua.

El efecto de la falta de lluvias ha sido especialmente intenso en las áreas rurales, donde las asociaciones de agricultores advierten sobre pérdidas económicas significativas en sus cosechas y una reducción en la generación de alimentos. Las limitaciones en el uso del agua, junto con temperaturas altas y una primavera inusualmente seca, han causado una situación crítica para numerosas explotaciones agrícolas. Criadores de ganado y productores han reportado problemas para asegurar el agua necesaria para sus animales.

En zonas urbanas, aunque no se han producido cortes generalizados, sí se han impuesto restricciones en el uso del agua para usos no esenciales, como el riego de jardines, el llenado de piscinas o el lavado de vehículos. Las autoridades locales han intensificado las labores de inspección para garantizar el cumplimiento de estas medidas, que buscan evitar una situación más crítica durante el verano.

Mientras tanto, expertos en cambio climático advierten que este tipo de fenómenos serán cada vez más frecuentes si no se adoptan políticas estructurales para gestionar el agua como un recurso limitado. Señalan que, más allá de la emergencia actual, se requiere una visión estratégica que incorpore la sostenibilidad hídrica como un eje central en el diseño de infraestructuras, el modelo agrícola, el desarrollo urbano y el consumo energético.

Aunque se descarta de momento la declaración del estado de alarma, la evolución de la situación seguirá siendo monitoreada con atención. El gobierno ha asegurado que, en caso de empeorar las condiciones, se valorarán todas las herramientas a disposición del Estado, siempre con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua a la población y minimizar los daños económicos y sociales derivados de la escasez.