El Congreso de Colombia ha aprobado finalmente la ambiciosa reforma laboral propuesta por el presidente Gustavo Petro, tras más de un año de debates, intentos fallidos y controversias. Esta nueva ley marca un hito en el panorama laboral del país, al introducir una serie de medidas destinadas a fortalecer los derechos de los trabajadores, reducir la informalidad y actualizar las normas laborales al contexto actual. La aprobación definitiva del proyecto en el Senado también llevó a Petro a retirar su polémico «decretazo», con el que había intentado impulsar una consulta popular para sortear los bloqueos legislativos.
Un largo camino hacia la aprobación
El cambio normativo, encabezado por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, fue inicialmente introducido en 2023 y desde ese momento enfrentó un complicado proceso legislativo. Después de ser archivado por una comisión del Senado y sufrir diversas modificaciones, el proyecto fue revitalizado y aprobado en las sesiones plenarias de ambas cámaras, logrando superar la conciliación final justo antes del fin del período legislativo. Este logro en el ámbito legislativo se dio en un ambiente tenso, donde el Gobierno buscó superar obstáculos recurriendo incluso a la posibilidad de una consulta popular, lo cual provocó fuertes críticas por parte de la oposición y algunos sectores empresariales.
Mejoras clave para los empleados
La nueva reforma laboral implementada trae múltiples cambios importantes en las condiciones laborales en Colombia. Uno de los aspectos más relevantes es el ajuste en los recargos por trabajo nocturno: desde ahora, la jornada nocturna se iniciará a las 7:00 p.m. en vez de las 9:00 p.m., incrementando así la cantidad de horas con recargo extra. Asimismo, el trabajo realizado en domingos y días festivos tendrá una remuneración del 100 %, que se aplicará de manera progresiva hasta el año 2027.
Un ajuste significativo es el tope para los contratos a plazo fijo, los cuales ya no podrán prolongarse por más de cuatro años. Esto pretende detener la práctica de renovaciones continuas que perjudicaban la estabilidad de empleo para muchos colombianos. De igual manera, la legislación exige la formalización de los empleados de plataformas digitales, asegurando su acceso a la seguridad social, como el sistema de salud y pensiones.
La reforma también contempla beneficios para los aprendices del SENA, quienes ahora tendrán contratos laborales con acceso a prestaciones sociales como primas, cesantías y vacaciones. Su salario dependerá de la etapa de formación, pero se asegura una remuneración justa y un vínculo formal con el sistema laboral.
Retiro del “decretazo” y reacciones encontradas
Tan pronto como se aprobó la reforma, el presidente Petro anunció que retiraba formalmente el decreto que pretendía llevar a cabo una consulta popular respecto al contenido de la ley. Esta acción fue bien acogida por diversos sectores del Congreso que veían ese intento como inconstitucional. No obstante, el jefe de Estado indicó que se podría considerar la inclusión de la reforma laboral en una posible Asamblea Nacional Constituyente en 2026.
La reforma ha suscitado opiniones diversas. Por un lado, los sindicatos y colectivos progresistas aplauden lo que califican como un triunfo significativo para los derechos de los trabajadores, mientras que las asociaciones empresariales expresan preocupación por los potenciales incrementos en los gastos de contratación y amenazas al empleo formal. Investigaciones iniciales indican que la nueva normativa podría incrementar los costos laborales entre un 6 % y un 35 %, lo que ha generado inquietud en algunos sectores económicos.
¿Qué es lo que sigue?
Con la aprobación legislativa ya consumada, el próximo paso será la reglamentación de la ley a través de decretos del Ejecutivo. Se espera que el Gobierno despliegue una estrategia institucional para fiscalizar su cumplimiento y asegurar que los nuevos derechos lleguen efectivamente a los trabajadores. Al mismo tiempo, el debate político en torno a una eventual Constituyente podría reabrir discusiones sobre el alcance y la sostenibilidad de la reforma. Lo cierto es que, por ahora, Colombia ha dado un paso significativo hacia un nuevo modelo laboral, más inclusivo y actualizado a las demandas del siglo XXI.
