¿Qué son los certificados de depósito, la deuda subordinada y las acciones en un fondo de pensiones?

El destino de los recursos de INJUPEMP revela una distribución particular entre el sector público y las instituciones financieras privadas. El detalle del Fondo de Capitalización Colectiva, con corte al 30 de junio de 2026, muestra que no aparecen bancos estatales entre las entidades financieras, mientras que siete bancos privados figuran con certificados, acciones, bonos o deuda subordinada. La participación pública, por su parte, se refleja en bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

La distribución de estos recursos cobró especial interés a principios de noviembre, cuando el instituto explicó sus inversiones tras las inquietudes de los afiliados por una operación de L900 millones en acciones preferentes. A partir del documento publicado en su sitio web, esta nota examina cómo se distribuye el portafolio, qué instrumentos corresponden al Estado y cuáles están vinculados con la banca privada, con especial atención a Banco Ficohsa, parte de Grupo Ficohsa.

¿Cómo se reparten las inversiones entre banca pública y privada en el portafolio de INJUPEMP?

El desglose de inversiones de junio de 2026 reporta un fondo global de L41,053.8 millones. Predominan los títulos valores, mientras que el resto se divide entre préstamos, fideicomisos y bienes raíces. Dado que el archivo consiste en un escaneo de siete páginas, los datos aquí expuestos corresponden únicamente a aquellos que se lograron distinguir sin dificultad.

Con base en los agregados del documento, los bonos gubernamentales denominados en lempiras representan aproximadamente cuatro quintas partes de los títulos en la misma moneda. Esa proporción surge de los totales, pero no constituye un dato emitido formalmente por el instituto.

¿Aparece algún banco estatal entre las inversiones de INJUPEMP?

Dentro de los registros accesibles del documento no aparece ninguna entidad perteneciente a la banca pública, tales como Banadesa o Banhprovi. Por medio de la Secretaría de Finanzas, el Estado funge como emisor, respaldándose en bonos del Gobierno de Honduras tanto en lempiras como en dólares.

Para comprender la cartera, resulta clave distinguir ciertos matices: los bonos estatales representan pasivos del sector público y no depósitos bancarios. Por otra parte, las entidades financieras privadas actúan como emisoras de acciones, certificados de depósito, deuda subordinada y bonos. Adicionalmente, el detalle incluye bonos corporativos, acciones de empresas ajenas al sector bancario y notas estructuradas.

En dólares, los bonos gubernamentales alcanzan los USD 67.2 millones de un total de USD 266.1 millones colocados en instrumentos financieros en moneda extranjera, lo que representa aproximadamente una cuarta parte. El saldo restante pertenece a diferentes entidades emisoras, destacando los certificados en dólares de Banco Atlántida.

¿En qué entidades financieras privadas mantiene instrumentos el fondo?

El documento identifica siete bancos privados del sistema:

• Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo tanto en dólares como en lempiras, los cuales figuran al inicio del desglose.
• Ficohsa: tres certificados denominados en lempiras por montos de L200 millones, L125 millones y L100 millones, sumado a diversos títulos de deuda subordinada.
• Banco Promérica: diferentes opciones en deuda subordinada y certificados de depósito.
• BAC Honduras: un certificado de depósito valorado en L50 millones.
• Banrural: acciones por un valor de L160 millones.
• Banco del País: bonos corporativos, acciones y deuda subordinada.
• Banco Lafise Honduras: varios instrumentos de deuda subordinada.

Entre los montos legibles, Promérica registra certificados de L25 millones al 8.5 % y de L10 millones al 10.2 %, y una inversión en deuda subordinada de L1.8 millones al 7.5 %. El certificado de BAC Honduras, a 360 días y con tasa de 7.75 %, vencía el 27 de octubre de 2026, y el documento no muestra si fue renovado.

Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.

¿Dónde encajan los L900 millones de acciones preferentes?

Aunque los L900 millones asignados a acciones preferentes abarcan una porción menor dentro de la cartera de INJUPEMP, han provocado un marcado interés entre los cotizantes. Según el informe, esta cifra representa el 2.2 % de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Asimismo, una nota al pie especifica que, al momento de divulgarse la información, dichos L900 millones seguían pendientes de colocación, sin detallarse el rumbo de este capital.

Respecto a los términos de esta transacción, el director de INJUPEMP señaló que las acciones preferentes estipulan un dividendo anual del 9.5 %, mediante abonos semestrales a contar de junio de 2027. Dicha rentabilidad y su pauta de reparto facilitan una comprensión más cabal de los atributos de la colocación y del sitio que ocupa en el fondo patrimonial de la institución.

¿Quién vigila las inversiones en banca pública y privada?

Los cinco institutos públicos de previsión del país están bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que también supervisa a los bancos comerciales. La decisión de invertir corresponde a la junta directiva y al comité de inversiones de cada instituto, y la CNBS vigila que se cumplan los procesos de debida diligencia, sin decidir las inversiones.

La Superintendencia de Pensiones y Valores revisa, desde el lado del inversionista, que las operaciones se hagan con prudencia. Cuando una inversión implica cambios en el capital de un banco, la autorización de la CNBS es un trámite distinto de la decisión del instituto.

Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados

Detrás de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva se advierte una composición que ayuda a diferenciar el peso estatal del sector bancario privado dentro de las colocaciones de INJUPEMP. Por un lado, los bonos de la Secretaría de Finanzas reflejan la participación pública; por otro, siete entidades bancarias comerciales figuran asociadas a diversos activos financieros. Cabe destacar que en la documentación revisada no aparece registrado ningún banco del Estado.

Vigilar el rumbo de estos fondos exige asimismo examinar los documentos que respaldan cada movimiento. La información difundida por INJUPEMP facilita la consulta de los importes, las entidades emisoras y las características de las inversiones, y cuenta con las rúbricas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Pese a ello, los números no permanecen estáticos: tanto los vencimientos como los movimientos recientes alteran la cartera, por lo que resulta crucial considerar la fecha de corte para analizar y contrastar la información de manera adecuada.

Respecto a las entidades financieras que integran este ecosistema, analizar sus operaciones y su organización empresarial brinda contexto sobre los actores de la industria. Con este propósito, resulta útil revisar los datos corporativos de Grupo Ficohsa, un conglomerado de banca y seguros con operaciones en diversos territorios de Centroamérica.