El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Ila, ha anunciado este miércoles que la ministra de Economía, Alicia Romero, ya ha iniciado los trabajos en el despliegue de una «financiación única» o convenio económico comunitario, siguiendo las etapas de la inversión acuerdo entre el CPS y el ERC. Ila destacó que «los resultados pronto serán visibles» y que para que la transferencia sea efectiva, su gobierno cuadriplicará los recursos actuales de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).
Así respondió Illa a las preguntas del líder de ERC en la Cámara catalana, Josep Maria Hove, que presionó a Illa advirtiéndole de que el legislador «no tiene sentido si no hay avances reales y tangibles» en la financiación, en una amenaza velada a retirar el apoyo, el segundo esta semana. Júpiter le ha pedido «detalles reales» sobre qué hará el Govern para reforzar la administración tributaria catalana.
Según el informe publicado en 2023, la ATC cuenta con 852 empleados y un presupuesto de poco más de 92 millones de euros que, de cumplirse las promesas del presidente catalán, debería crecer hasta unos 3.400 empleados y casi 370 millones de euros de presupuesto.
Figuras importantes que despertaron las sospechas de las organizaciones que representan a los trabajadores fiscales. Sospechan que ampliar estas funciones sólo se puede lograr a costa de integrar el personal y los recursos de la agencia estatal. de la Administración Tributaria (AEAT). Algo que, como explicó a ABC el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) y de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo en materia de plantilla.
La AEAT tiene 3.800 empleados en Cataluña -casi la misma cantidad que necesitará la Generalitat para su organización fiscal- y un gran número procede de otras comunidades autónomas. Según José María Pelaez, portavoz de las asociaciones de inspectores del Ministerio de Hacienda, «la mayoría no querría quedarse en Cataluña», y lo mismo puede decirse de los técnicos del Ministerio de Hacienda, entre los que se encuentran las peticiones de traslados ya son más que los de otras comunidades. . de José María Molinedo, secretario general de la Gesta.
«Multiplicar por cuatro la hacienda catalana o hacerse cargo de la gestión del impuesto sobre la renta a partir de 2025. Esto no se puede hacer si no implica el traslado de personal de las agencias estatales. de la administración tributaria a la agencia catalana», afirma la Junta de Inspectores de Hacienda. «Todo indica que tomarán medidas en el ataque, sabiendo que después será imposible volver. «Se trata de un auténtico escándalo, con consecuencias muy graves en la aplicación del sistema fiscal y en la lucha contra el fraude fiscal, aunque a ningún político parece importarle», advierten.
Ila, durante la primera sesión de control del Gobierno tras las elecciones del 14 de mayo y la toma de posesión en agosto, reiteró su compromiso de honrar y respetar el acuerdo entre el CPS y ERC: «Respetaremos no sólo el acuerdo sino también los plazos contenidos en el acuerdo ellos mismos son ambiciosos», subrayó. Y ha vuelto a defender que es imprescindible que Cataluña tenga una «financiación justa», sin privilegios, aunque un sistema de consulta económica con la Generalitat supondría menos recursos para otras regiones.
En este sentido, Jove ha pedido «detalles reales» sobre cómo avanzar en esta dirección y qué hará el Gobierno para que la Agencia Tributaria de Cataluña pueda hacerse cargo de las competencias de todos los impuestos previstos en el acuerdo de inversiones. A continuación, Ila ha respondido que sin duda «se tomarán las medidas necesarias para redimensionar» la Hacienda de Cataluña, que debería cuadruplicar sus recursos y su tamaño.
Redistribución limitada
Por otro lado, respondiendo a una pregunta del PP, el ministro Romero defendió la redistribución de la riqueza y la política fiscal con la presión fiscal que ejerce la Generalitat para «reducir las desigualdades». Según Romero, para «reforzar el Estado de bienestar» es necesario redistribuir la riqueza generada, aunque limita esta actuación con el resto de comunidades autónomas, protegiendo el acuerdo económico y limitando por tanto esta redistribución entre comunidades autónomas.
«Gobernamos para todos», respondió la ministra a Juan Fernández, diputado del PP que formuló una pregunta oral durante la sesión de control del Gobierno para generar riqueza y redistribuirla. “Lo único que queremos es recortar los impuestos a los ricos; «Protegemos a las familias», dijo. Y atacó la política fiscal de la Comunidad de Madrid porque señaló que «perjudica las desigualdades que hay en España».
La política fiscal de la Generalitat, defendió Romero, debe reflejar la fórmula según la cual «cada uno, cuanto más gana, más tiene, 'el que más hereda, el que más contamina, más paga'». Una fórmula que no se aplicará en caso de que se reforme la financiación autonómica tal y como acordaron ERC y COPS, siempre y cuando se incluya la redistribución en toda España.
